De Médico a Juez: una Carta Abierta, sin Nombres ni Apellidos

Señoría, con el debido respeto:

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No es la primera vez que me dirijo a usted. En situaciones difíciles y extremas, ante el riesgo de que alguno de mis pacientes pudiera ser lastimado en sus derechos, he recurrido a su parecer. Cuando he contactado con el juzgado ha sido porque me he dado cuenta de que, en ese momento, los protocolos clínicos no eran suficientes para tomar las decisiones pertinentes. En esos casos, la complejidad y la gravedad de las posibles consecuencias hacían necesario compartir el caso con alguien cuyos conocimientos y responsabilidad estuvieran en otro plano. Por otro lado soy consciente de que para recurrir a usted, el caso ha de estar suficientemente  motivado, precisamente para no judicializar la vida clínica.

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Por eso le escribo, Señoría, porque tengo la convicción de que estamos ante ese tipo de situaciones que podemos calificar como de excepcional gravedad. Me refiero a la imposición del conocido como Plan de Sostenibilidad que el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Sr. Javier Fernández-Lasquetty, está ya ejecutando. Son muchos los aspectos que me parecen deletéreos para nuestro sistema sanitario, pero quisiera centrarme en la privatización de la gestión de 6 hospitales públicos madrileños y en lo que ello supone. Y le escribo, precisamente, como en otras ocasiones, porque estimo que hay un riesgo significativo de que mis pacientes, ciudadanos como usted y como yo, puedan ser lastimados en sus derechos y porque creo que ésta, la vía judicial, es la última posible para lograr la resolución adecuada del conflicto.

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No es mi intención que su Señoría entre en juicios políticos cuando valore el caso, por ejemplo en si la privatización de la gestión sanitaria es un asunto movido esencialmente por cuestiones ideológicas deliberadamente ocultas a los votantes (ciudadanos). Lo que le pido es que analice toda la información disponible y juzgue si en el curso de este proceso de privatización se han cometido delitos y/o infracciones administrativas que pudieran beneficiar ilegítimamente a personas físicas o jurídicas, lo que implicaría un perjuicio al erario público en un momento como el que nos está tocando vivir. Y lo que es más importante, le suplico que juzgue si la privatización del aseguramiento sanitario de más de un millón de madrileños (esto va más allá de la privatización de la gestión de 6 hospitales) perjudica al derecho de todos los madrileños a recibir la mejor asistencia sanitaria. Le suplico que juzgue con los datos disponibles (o la ausencia de los mismos) si este cambio, está justificado o por el contrario pone en riesgo un modelo de asistencia sanitaria de alta calidad, que es un derecho ciudadano consolidado.

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Sé que usted juzgará los hechos en relación con los valores con los que nuestra sociedad ha legislado. Como sabe, hace tiempo que nuestra sociedad ha decidido que la salud o –más específicamente- la protección de la salud sea un derecho fundamental que por tanto no debe quedar al arbitrio del mercado y mucho menos cuando se sustenta con dinero público. El objetivo de la gestión de la Sanidad Pública no debe ser el lucro económico a través de su explotación (rentabilidad económica), sino la búsqueda de la mejor manera de gastar el dinero que proviene del esfuerzo de los ciudadanos (eficiencia). Desafortunadamente, el objetivo primario de las empresas concesionarias de la gestión de los hospitales que persigue privatizar el Sr. Fernández-Lasquetty, es la rentabilidad económica, principal razón de ser (y legítima) de cualquier empresa privada con ánimo de lucro. Por ello existe un alto riesgo de que los inevitables conflictos que surjan entre la rentabilidad y la prestación eficaz de asistencia sanitaria, se resuelvan a favor de la cuenta de resultados de esas empresas. Y esto supondría un daño significativo a los ciudadanos, en sus personas y en sus derechos e intereses, a mi entender.

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Señoría, constituye usted mi último recurso porque me siento enormemente impotente, profundamente indefenso ante la apisonadora en que se ha convertido la Administración madrileña. Siento que, como ciudadanos, nos acercamos peligrosamente a una situación de “indefensión aprendida”, un mecanismo de defensa por el que las personas adoptamos un comportamiento pasivo, cuando internalizamos la experiencia de que el esfuerzo en la defensa de nuestros derechos es inútil porque todo está diseñado para que las cosas sean como “son” o como otros deciden que sean. El ejemplo más paradigmático de este mecanismo es el de los presos de los campos de exterminio nazi, que “aprendieron” que no compensaba reaccionar y rebelarse, aunque lo que les esperase fuera la muerte segura. Y es que, salvando todas las distancias, es evidente que, en relación con la Sanidad, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está llevando a la práctica una política de hechos consumados. A pesar de que el Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades en la gestión económica en los centros ya «externalizados«, de que el Juzgado de Instrucción número 4 ha detectado  indicios de delito en los procesos previos de «externalización»  y a pesar de la argumentada suspensión cautelar por la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está decidido a seguir adelante con su plan de privatización de la gestión sanitaria («externalización») de 6 hospitales públicos.

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Señoría, yo sigo creyendo en la Justicia, y en la capacidad de ustedes de no dejarse influir por la política de hechos consumados de la Consejería de Sanidad, con la consiguiente presión que lleva asociada. No tema que la privatización de 6 hospitales públicos sea algo demasiado grande como para caer. Por el contrario, reflexione si es algo demasiado grave y difícilmente reversible como para que se convierta realidad. Sé, porque habitualmente tengo que tomar decisiones complicadas, que tiene un difícil papel, pero mi confianza en ustedes me ayuda a sostenerme y a no perder la perspectiva de que los esfuerzos expresados hasta ahora, que no han sido pocos, serán fructíferos.

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No sé nada de derecho positivo, ni de códigos legales, pero estoy seguro que es esencial que prevalezca el “espíritu de la ley” para no perder de perspectiva aquellos valores morales esenciales, en este caso la protección de la salud, que nuestra legislación defiende. La sociedad nos reclama tanto a ustedes, Señoría, como a nosotros los médicos, que en el ejercicio de nuestra profesión -“lex artis”- no nos alejemos del “espíritu de la ley”, en su caso, y de los valores éticos y deontológicos en el mío, para evitar confundir los medios (las normas, los protocolos), con los fines (la justicia y la salud).

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Gracias por su atención, Señoría, gracias por atender esta reflexión personal sin nombres ni apellidos. Tan solo esto ya resulta un estímulo para continuar adelante.

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Cordialmente,

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Un médico que se siente indefenso, un ciudadano.