Estamos en un momento crucial del conflicto sanitario madrileño. La persistencia nuestro modelo sanitario, sobre cuyos excelentes resultados coinciden todas las partes en conflicto, está en grave riesgo, lo que afecta a bienes esenciales de usuarios (salud) y de todos los contribuyentes (dinero). Esta situación de riesgo condiciona la necesidad de una reforma cuyo fin último  debe ser la sostenibilidad del sistema sanitario manteniendo los actuales estándares de calidad. Sin duda, para lograr este fin último hay que definir objetivos intermedios, entre los que se encuentra el ahorro. El ahorro es un objetivo intermedio necesario, sin convertirlo en el fin último. Hay múltiples medidas que pueden conducir al ahorro (medios), pero no todas son aceptables por la sociedad. Por ejemplo, la sociedad no aceptaría que se dejara morir a nuestros ancianos simplemente por el hecho de consumir una gran parte de nuestros recursos sanitarios. Antes, como es natural, exigiría que se recortara de otras partidas que la administración y el actual sistema de partidos políticos gestionan, siendo benévolos, muy ineficientemente. Tal y como se debatió ayer en la I Jornada Nacional de Gestión Sanitaria hay muchas medidas de ahorro pero el quid de la cuestión radica en cómo ahorrar sin deteriorar la calidad asistencial, aspecto esencial del sistema sanitario. Para ello, la participación de los profesionales sanitarios es útil y necesaria. Lo sabe la Consejería de Sanidad, lo saben los profesionales, lo exigen los ciudadanos.

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