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Tras escuchar al TSJM no debería haber nada más miedoso que 30 millones de € destinados a la privatización sanitaria

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está recurriendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de nuevo a cuestiones meramente formales (legitimidad jurídica) en vez de facilitar la investigación judicial de la esencia del asunto de la rebaja “in extremis” de las fianzas a depositar por las empresas concesionarias. Todo con la aparente intención de ganar el mes de agosto (inhábil para el TSJM) y poder así proceder a la “adjudicación” de los hospitales. De hecho, el señor Consejero prevé que la adjudicación se completará en los próximos días cuando las concesionarias aporten la garantía económica establecida y constituyan las sociedades correspondientes.

 

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Como decimos, la Consejería de Sanidad ha vuelto a usar el argumento de la no-legitimación, en este caso de AFEM, siendo obvio que AFEM sí está legitimada para solicitar la suspensión cautelar por la reducción del 90% en las garantías económicas exigidas a las empresas concesionarias. Con ello la Consejería ha impedido que el TSJM pueda pronunciarse antes del inicio del mes de agosto sobre el asunto de fondo, la presunta ilegalidad de esta reducción, logrando así retrasar durante un mes y 5 días la resolución de este Tribunal.

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El objetivo de la Consejería parece claro. Aprovecharse de que el mes de agosto es inhábil para el TSJ eludiendo con ello las acciones de la justicia y poder así “colar” las adjudicaciones a las empresas durante este mes con la esperanza de que una vez realizada la adjudicación el TSJM ya no  se atreva a suspender la externalización de los Hospitales.

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Sin embargo, parece que la estrategia legal empleada por la Consejería de Madrid ha sentado mal en el TSJM, quien avisa que por esa vía no se va a evitar, de ningún modo que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el asunto de fondo. Si no, juzguen ustedes mismos el significado del sorprendente último párrafo del auto hecho público ayer:

“Adviértase a la Comunidad de Madrid que al no haberse pronunciado aún la Sala sobre la procedencia o no de adoptar medidas cautelares –AFEM- solicitadas por la recurrente e impugnándose la convocatoria para la licitación y adjudicación  de diversos contratos, los actos posteriores al impugnado se verían afectados en caso de acordarse las medidas cautelares solicitadas”

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Si el SERMAS decidiera adjudicar los 6 hospitales durante el mes de agosto las empresas tendrían que “adelantar” aproximadamente 30 millones de euros como garantías económicas que podrían quedar atrapados durante un tiempo nada despreciable en el laberinto de un largo  proceso judicial, en el hipotético (pero factible dado el auto anteriormente mencionado) caso de que finalmente el TSJM de Madrid decidiera suspender la externalización en septiembre.

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Este caso genera una serie de interesantes preguntas:..

  • ¿De dónde va a sacar Ribera Salud los millones de euros que le correspondería aportar en concepto de garantía que pueden quedar bloqueados en cuestión de semanas por un período indefinido? ¿Va a recurrir a Bankia, dueño de parte de Ribera Salud, que es una entidad financiera que ha sido recientemente rescatada con dinero público? ¿Se estaría entonces prestando dinero público para privatizar un Servicio Público? ¿Tiene algún sentido?
  • ¿Ha encontrado finalmente HIMA-San Pablo el socio capitalista que estaba buscando para poder aportar la garantía económica necesaria? ¿Se ha constituido ya en sociedad legal, cumpliendo todos los trámites exigidos por la ley?
  • ¿Está BUPA dispuesta a perder de vista los millones de euros que pueden quedar congelados si el proceso se detiene?
  • ¿Es consciente Centene del auto del TSJM y sus consecuencias? ¿Y del resto de procedimientos judiciales en curso?

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Aunque el Sr. Fernández-Lasquetty no quiera reconocerlo, la estrategia legal empleada por la Consejería de Sanidad es muy arriesgada. En su huida hacia adelante expone a las concesionarias (y a sus prestatarios) a unas situación de riesgo financiero, nada agradable. Parafraseando al oráculo de Omaha, Warren Buffet, en estos momentos y tras escuchar al TSJM no debría haber en el mundo nada con más miedo que los millones de euros que las concesionarias sanitarias destinarían a hacer efectivas las garantías establecidas. Aunque, quién sabe, quizás las empresas concesionarias estén dispuestas a arriesgar a perder unos cuantos millones de euros de un día para otro….

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