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Un Auto para la Esperanza: Resumen de LVDH

El Juzgado número 4 de Primera Instancia de Madrid, en este auto fechado el 20 de junio, ha admitido a trámite la querella criminal contra los principales responsables (de ahora en adelante cúpula) de la Consejería de Sanidad madrileña durante el proceso de privatización sanitaria iniciado en 2004 con la planificación, construcción y licitación de inicialmente 8 hospitales. Este número de hospitales posteriormente se amplió a 11, uno de los cuales, el Hospital Collado Villalba todavía no ha entrado en funcionamiento, a pesar de lo cual los madrileños pagan 1 millón de € al mes en concepto de canon.

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A continuación os resumimos el auto que vosotros mismos podéis leer para para que os podáis formar vuestra propia opinión. El documento está estructurado en las siguientes tres partes:

A) ANTECEDENTES

En ellos se anuncia la existencia de una querella, la parte querellante (AFEM), los querellados, la admisión como acusación popular (la persecución de los hechos descritos no precisan de la presentación de querella) de cuatro diputados del PSM así como los hechos potencialmente constitutivos de delito y la solicitud de suspensión cautelar del actual proceso de adjudicación de gestión sanitaria en curso.

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Los querellados, por este orden, son:

  1. Doña Patricia Flores Cerdán, actual Viceconsejera de Asistencia
  2. Don Antonio Burgueño Carbonell, actual Director General de Hospitales
  3. Don Juan Antonio Alvaro de la Parra, en su condición de representante de “Fundación Jiménez Díaz U.T.E.”
  4. Grupo Ribera Salud, en la persona de su presidente o consejero delegado
  5. CAPIO SANIDAD, S.L. (IDC SALUD), en la persona de su presidente o
  6. Don Manuel Lamela Fernández, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
  7. Don Juan José Güemes Barrios, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
  8. UNILABS, S.L., en la persona de su presidente o consejero delegado
  9. ASISA, en la persona de su presidente o consejero delegado
  10. Aquellas personas o entidades que, en el curso de la investigación, aparezcan como criminal o civilmente responsables.

 

En la descripción de los hechos se relata en qué ha consistido el proceso de privatización madrileño hasta el momento actual. Las hechos potencialmente constitutivos de delito denunciados por AFEM y que el juez considera conveniente investigar antes de que sea posible emitir un pronunciamiento judicial son los siguientes :

  • Derivación de pacientes crónicos con necesidades complejas a otros centros sanitarios como parte de una estrategia de reducción de costes y de mejora de la sostenibilidad del sistema sanitario.

 

  • Captación activa de pacientes de otras áreas de protección, fundamentalmente de hospitales públicos de gestión directa por el SERMAS, a través del denominado “Call Center” estando los centros sanitarios de gestión directa obligados a pagar la prestación sanitaria realizada. Se destaca que no siempre en este proceso de captación el paciente ha podido elegir libremente dónde recibir la asistencia sanitaria por haberse producido coacciones o engaños.

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  • Irregularidades del SERMAS en el concierto para asistencia sanitaria suscrito con la UTE-FJD(Grupo Capio). A continuación detallamos las irregularidades potencialmente constitutivas de delito que serán investigadas en este punto

a) Las condiciones económicas de colaboración no se han establecido de forma general en base a módulos de costes efectivos, previamente establecidos y revisables por la Administración (art. 90. 4 Ley General de Sanidad).

b) Ausencia de suficiente justificación asistencial y económica previas que hicieran necesaria la vinculación entre SERMAS y UTE-FJD.

c) Ausencia de un precio cierto en la retribución del concesionario, en este caso por la cesión de Pontones y Quintana, lo cual puede constituir un fraude para la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

d) Trato de favor, al permitir que las obras de infraestructuras e instalaciones que son de propiedad privada se financien con cargo a fondos públicos, concediendo subvenciones encubiertas.

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  • Vinculación de cargos políticos con empresas privadas implicadas, y en concreto de:
  1. El ex-consejero de Sanidad, D. Manuel Lamela Fernández por su vinculación con Assignia Infraestructuras, en relación con la gestión no sanitaria del Hospital del Tajo.
  2. El ex-consejero D. Juan José Güemes Barrios por su vinculación con UNILABS, en relación con la prestación de servicios de Laboratorios
  3. El Director General de Hospitales de la Consejería de Sanidad, D. Antonio Burgueño Carbonell, que ha trabajado en el sector privado sanitario, como Ribera Salud y Capio al que según los querellantes ahora beneficia con las nuevas concesiones

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  • Negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros, que a juicio de AFEM seríaen concreto por:
  1. El adelanto injustificado (pues no tiene uso) de fondos públicos
  2. La retención indebida de esos fondos por las concesionarias, y una extralimitación de la habilitación establecida por la ley 8/2012

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B) FUNDAMENTOS DE DERECHO

En ella el Juez explica la situación de las diligencias judiciales. Fundamentalmente que:

  • La querella no da por ciertos los hechos descritos (denunciados) pero es admitida a trámite por la necesidad de investigarlos con más profundidad para poder dirimir si son constitutivos de delito (no se ha podido desestimar esta posibilidad con la información disponible) y por considerarse competente. Este hecho reconoce la posible relevancia penal de los hechos que contiene.
  • Si los hechos denunciados se comprobasen ciertos podrían estar tipificados como delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental,prevaricación, cohecho , fraude y malversación de caudales públicos.
  • La apariencia de buen derecho no es AÚN suficientemente sólida como para adoptar la suspensión y paralización general del” proceso de privatización”

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C) PARTE DISPOSITIVA

  1. Admisión a trámite de la querella contra los querellados anteriormente mencionados
  2. Admisión de la participación de la Acción Popular
  3. Desestimación de la suspensión cautelar
  4. Inicio de diligencias de la investigación:
  • Interrogatorio de los querellados entre el 13 de septiembre (Doña Patricia Flores Cerdán) y el 2 de octubre (D. Juan José Güemes Barrios y D. Manuel Lamela Fernández). Todos ellos acudir a declarar asistidos con letrado.

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  • Investigación testifical (testigos), entre los que se incluye varios altos cargos de la Consejería, por ejemplo la Directora General de Sistemas de Gestión Sanitaria, el Director General de Gestión Económica y el Director de Continuidad Asistencial del Hospital Universitario La Paz.

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  • Solicitud al Registro Mercantil de información sobre los domicilios sociales y composición accionarial de, entre otros, Capio Sanidad SL.

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  • Solicitud a la FJD, Hospital Infanta Elena de Valdemoro y Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, y de Torrejón:

a) la relación circunstanciada de pacientes asignados a su área que fueron atendidos en otros centros durante los años 2010,2011 y 2012

b) de pacientes de fuera de su área que fueron atendidos en estos centros durante los mismos períodos

c) y la facturación intercentros correspondiente a dichos años

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  • Solicitud a los Gerentes de 14 hospitales madrileños incluyendo entre ellos a La Paz, La Princesa, Doce de Octubre, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro y Ramón y Cajal:

a) Memoria de actividad del Hospital correspondiente a 2010, 2011 y 2012.

b) Las fichas de actividad y el resumen de actividad resultante de la herramienta de flujos de actividad intercentros (herramienta SAP Business) correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012.

 

 

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1 comentario

  1. […] Y por último, a la vista de la reciente imputación de las cúpulas de las sucesivas Consejerías de Sanidad de los gobiernos populares de la Comunidad de Madrid, incluida la actual, y de las empresas adjudicatarias de las concesiones de los hospitales de gestión privada, nos preguntamos si la compañía HIMA – San Pablo quiere asumir el riesgo de embarcarse en esta polémica empresa, arriesgar su inversión y compartir las consecuencias penales que puedan derivarse. […]

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