Profesionales de la Salud, Profesionales de la Política

Las profesiones, en su sentido clásico, nos han ayudado a gobernar la vida. El sacerdote dirigía la vida espiritual (la clásica Dirección Espiritual), el médico prescribía sobre la vida corporal y el juez regulaba (regla, norma) acerca de la vida legal y social. La palabra «regla» y «régimen» tienen la misma etimología. Un gordito capuchino de mitad del S. XVIII podía tranquilamente cumplir un cierto régimen dietético, observar la regla de San Francisco y tolerar el Antiguo Régimen absolutista. De ese modo podía regular su peso corporal, la relación espiritual con Dios y su comunidad y sus obligaciones sociales y políticas.

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La presencia de profesiones y profesionales nos han venido bastante bien para organizar la vida. En contraposición a los oficios, las profesiones, según Talcott Parsons, presentan estos signos definitorios: 1) especificidad funcional (se les piden unas cosas muy concretas que ningún otro puede realizar -consagrar, diagnosticar, juzgar-), 2) orientación hacia la colectividad (pretenden un servicio a la comunidad), 3) neutralidad afectiva (no permiten acepción de personas) y 4) universalismo (no se han de guiar por intereses particulares).

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Por otro lado, la profesión se considera como una suerte de vocación, lo cual no significa que alguien se sienta llamado a ella desde la tierna infancia, sino que cada profesión exige contar con unas aptitudes determinadas para su ejercicio y con un peculiar interés por la meta que esa actividad concreta persigue. El profesional, por tanto, al acceder a su profesión se compromete a perseguir los bienes internos de la misma (curar a los enfermos en el caso de los médicos, distribuir con equidad los recursos, en el caso de los políticos…) y ello independientemente de  los motivos privados y personales que le llevaron a incorporarse a dicha profesión. Ahora bien, cuando estos motivos no concuerdan con las metas de la profesión y desplazan a las razones que justifican dichas metas, la profesión se corrompe y entonces deja de ofrecer los bienes que sólo ella puede proporcionar

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Teniendo en cuenta estos principios centrémonos hoy, con el permiso -y la bendición- de los sacerdotes, en el análisis del ejercicio profesional de los miles de profesionales de la salud y en el de las docenas de políticos que nos rodean en el conflicto sanitario madrileño. A nosotros, profesionales sanitarios del sistema público, se nos pide diagnosticar y tratar correctamente según criterios de buena práctica clínica, tener como destinatarios de nuestro servicio a la comunidad madrileña (y no tan sólo a los que tengan un determinado seguro privado), atender dentro de ella a todo el que lo necesite (a excepción de lo que manda el controvertido Real Decreto Ley 16/2012), sean o no de nuestra cuerda y guiarnos por objetivos sanitarios que persigan el bien común y no nuestro interés particular. Queremos afirmar -y esto es claramente central- que el trabajar desde un sistema sanitario de gestión pública  facilita enormemente la consecución de estos objetivos profesionales, precisamente porque no está contaminado por otros intereses que, aunque legítimos -como el enriquecimiento personal o empresarial- pueden llevar a paradojas insalvables. Sin embargo, la alta especificidad funcional de las profesiones sanitarias (ningunas otras pueden proporcionar a la sociedad los mismos servicios) y el hecho añadido de que sean mayoritariamente ejercidas con satisfacción y orgullo puede, en determinadas ocasiones, impedirnos percibir algunos problemas en el ejercicio profesional. Si un profesional sanitario no actualiza suficientemente su formación, si prescribe considerando exclusivamente lo eficaz sin tener en cuentas las variables psicosociales que hacen efectivo el tratamiento, si prioriza al paciente amable frente al conocido como paciente difícil o cuando su ejercicio recibe una influencia excesiva de agentes externos (e.g. la industria farmacéutica), por poner algunos ejemplos, está alejándose de la excelencia profesional al transgredir los principios éticos de no-maleficencia y de justicia. Por este motivo, para lograr la excelencia profesional, es necesario que todos y cada uno de nosotros, de forma  tanto individual como colectiva, seamos exigentes en nuestro ejercicio profesional y reflexionemos (auto)críticamente cuánto nos alejamos de los criterios profesionales anteriormente mencionados.

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Pasando ya a los profesionales de la política sanitaria de la Comunidad de Madrid, a éstos se les pide realizar una gestión del dinero público técnicamente correcta, según criterios y valores de equidad y eficiencia en la distribución de recursos, tener como destinatarios  primordiales a la población de la Comunidad de Madrid, no hacer acepción de personas o colectivos a la hora de escuchar a los stakeholders (las partes interesadas en derechos y deberes sanitarios) y defender los intereses generales por encima de cualquier otro interés particular. Por eso, desde la perspectiva de la profesionalidad, no se ha entendido que los profesionales de la política sanitaria madrileña, en el diseño e implementación de un (mal llamado) Plan de Sostenibilidad, hayan ignorado a la colectividad a la que va dirigido -Asociaciones de Pacientes y Ciudadanos- y a la colectividad que debe ejecutar dicho plan conforme a criterios profesionales –Asociaciones de Profesionales-.  Tampoco es muy profesional -por ineficiente- que realizaran el pago por duplicado del coste de los trabajadores no sanitarios del Hospital Puerta de Hierro o del Centro de Especialidades de Argüelles por un importe total que se aproxima a los 20 millones de euros. Como tampoco es de recibo que los profesionales de la política sanitaria madrileña hagan destinatarios primordiales de sus políticas, intermedios pero primordiales, a determinadas empresas privadas con ánimo de lucro por encima de los intereses generales.

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Cuando observamos la conducta de muchos de los profesionales de la política sanitaria madrileña nos surgen, desde esta lógica, más de una duda acerca de su «profesionalidad» a la hora de gobernar parte de lo común. Nos han instruido en el concepto de «puerta giratoria» entre lo privado y lo público (el Sr. Lamela y el Sr. Güemes son sublimes ejemplos), por aquello de priorizar los intereses generales sobre los particulares; pretenden externalizar la gestión sanitaria de seis nuevos hospitales y 27 Centros de Salud de la Comunidad a través de concesiones a empresas -qué casualidad- cuyos directivos presuntamente efectuaron donaciones al partido político en el que militan nuestros mandatarios, siendo necesario recordar, a modo de ejemplo, que alguna de estas empresas reciben anualmente del erario público considerables cantidades de dinero en concepto de canon.

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El ejercicio profesional es un tipo de actividad social que pertenece al ámbito de lo público. Los profesionales de la sanidad y de la política han «profesado» –de ahí viene la palabra profesión- de manera pública (ámbito exterior) y voluntaria compromisos con los que han de dar una talla moral alejada de la mediocridad. Una “profesión” que ha de ir correlacionada con la anteriormente aludida vocación (ámbito interior) y, por tanto, con los bienes internos de la profesión. Parsons, eminente sociólogo de la Universidad de Harvard, ya en 1939 distinguía entre los hombres de negocios y los profesionales. Para él los primeros sólo buscan su propio beneficio, su éxito económico y personal, sin importar el interés de los demás. El profesional hace juramento de apoyo a los otros y su interés principal puede ser el alivio de algún mal social o aportar algo al bien común, insistía el autor. Ciertamente, en nuestra sociedad, la palabra «profesional» se utiliza con frecuencia refiriéndose a la mera posesión de conocimientos o habilidades técnicas en un campo o materia –expertise en inglés- y sólo por ello pueden admitirse expresiones como «profesional de los negocios», que en sentido clásico son dos términos claramente excluyentes. Por ello se entiende que desde la marea blanca no pueda aceptarse la hipótesis de  la compatibilidad en el ámbito de la sanidad pública de dos objetivos que sólo pueden admitirse por separado: gestión eficiente del dinero público y ánimo de lucro en la gestión sanitaria pública. Sin olvidar lo que el propio Parsons, 40 años después, ya al final de su carrera, acabó definiendo como criterio interno central para el desarrollo del rol profesional: la responsabilidad social. La que seguro que se exigen algunos de nuestros profesionales de la política cuando reciben sobres, acción ejemplarizante que no saben ustedes lo que anima a seguir pagando impuestos que, por cierto, luego servirán para pagar a las propias empresas que han preparado esos sobres. La cuadratura del círculo.

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